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Los subcontratados/as de SENAME sostenemos el servicio estatal


Desafortunadas palabras expresó el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, luego de la interrupción que realizaron dos organizaciones sindicales asociadas al trabajo con la niñez y juventud, en el contexto de la cuenta pública del Servicio Nacional de Menores, presidida por su directora, Susana Tonda.

El ministro, tras la manifestación, recalcó que “es importante que se sepa que ellos no son trabajadores del Sename, son trabajadores que participan en organismos colaboradores”.

Es muy probable que el ministro expresara dichos comentarios, acogiéndose al artículo 65 del reglamento de la Ley N°20.032, que establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores, el cual señala:

“El personal que los colaboradores acreditados contraten para la ejecución de los proyectos no tendrá relación laboral alguna con el SENAME, sino que exclusivamente con dichos colaboradores, siendo responsabilidad de éstos el estricto cumplimiento de las normas laborales y previsionales”, añadiendo que este servicio “no podrá intervenir en materias de orden laboral ni relativas a la relación contractual”.

Efectivamente, los trabajadores y trabajadoras de la red privada tienen una relación contractual con los más de 400 organismos colaboradores acreditados del SENAME, entidades que, para la legislación nacional, son empresas y funcionan como tal.

Lo que el ministro omite es que el servicio estatal sólo ejecuta de forma directa el 3,8% de la oferta programática del SENAME, el 96,2% restante es ejecutado de forma tercerizada por más de 11 mil trabajadores/as en cerca de 1700 programas en áreas de adopción, justicia juvenil y protección.

Con ello, cabe señalar que, en primer lugar, el Estado no se hace responsable de forma directa de la niñez y juventud del país, sólo financia y confecciona lineamientos de intervención que, no está demás decirlo, son carentes para la realidad y necesidades que expresan los niños, niñas, adolescentes y comunidades. En segundo lugar, subcontrata de forma encubierta, violando el artículo 65 del reglamento y constituyéndose como un empleador principal en su forma de relacionarse con los trabajadores/as, vínculo que el ministro dice desconocer y que los trabajadores/as organizados/as sindicalmente han decidido develar, denunciar y transformar. Ejemplo de ello, es la sentencia del Tribunal laboral de Valparaíso T-122-2016, la cual señala que SENAME se configura como empresa principal.

Sólo por mencionar un ejemplo, SENAME obliga a los trabajadores/as dependientes de los organismos colaboradores, según instrucciones y condiciones de uso que imparte el propio servicio, a entregar toda información requerida por el sistema de registro de niños, niñas y adolescentes, a través de la plataforma SENAINFO. Esos antecedentes, subidos diariamente por los trabajadores/as de la red privada, son de propiedad exclusiva del SENAME y sin ellos el Estado no estaría al tanto de lo que ocurre con la niñez vulnerada.

¡Así tal cual! El Servicio Nacional de Menores actúa como un empleador más y el ministro Larraín tiene cara para desentenderse. Sin los trabajadores/as de la red privada, los subcontratados/as, los que recibimos directrices, instrucciones y evaluaciones del mismo SENAME, no habría ni existiría funcionamiento alguno del servicio.

En esa línea, la conciencia que se está desarrollando en los trabajadores/as de la red privada del SENAME respecto de la subcontratación que viven, sumada a la invisibilidad de su importante rol y a la vulneración sistemática de sus derechos laborales, ha incrementado el descontento y la crítica a un servicio en permanente crisis.

Debe ser cuidadoso el ministro, es importante que sepa que hay un segmento de trabajadores/as organizándose, acumulando fuerza para hacerle ver que sostenemos el Servicio Nacional de Menores. Le guste o no al Sr. Ministro, vamos por trabajo digno y niñez plena.



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