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SINTRASUB-SENAME exige al Estado reconocer los derechos laborales de sus afiliados y afiliadas.


Más de una década ha existido subcontratación encubierta, SENAME ha hecho oído sordo a nuestras demandas laborales, ha hecho vista gorda a la vulneración de derecho sistemática vivida dentro del perverso sistema de licitaciones. SINTRASUB-SENAME ha dicho basta, vamos por el reconocimiento, el respeto y la dignidad.

 

El 21 de noviembre recién pasado, el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores y Trabajadoras subcontratistas del Servicio Nacional de Menores, (SINTRASUB-SENAME) llegó hasta la Contraloría General de la República para solicitar la reconsideración del dictamen Nº 8433.

Esta resolución surge en el año 2008, luego de la entrada en vigencia de la ley N° 20.123 que incorpora en el Código del Trabajo normas sobre subcontratación. Nace así el interés del Servicio Nacional de Menores (SENAME) de conocer los efectos que tendría dicha ley en relación a los convenios que celebra la institución con los organismos colaboradores acreditados (OCA) y del personal que trabaja para estos últimos, amparado en la ley N° 20.032.

Al respecto, la Contraloría concluyó, en el dictamen referido, que no resultan aplicables las normas introducidas por la ley N° 20.123 al SENAME, aludiendo que los OCA son colaboradores de los fines públicos que persigue el servicio estatal y no contratistas que presten un servicio o ejecuten una obra para una empresa.

Sin embargo, SINTRASUB-SENAME no comparte los alcances de la determinación y los cuestiona de manera tajante, pues desconoce absolutamente el ejercicio de las facultades que, como empresa principal, realiza SENAME, al momento de establecer lineamientos, directrices u órdenes a las que están sujetos miles de trabajadores y trabajadoras dependientes de los OCA a lo largo del país. En ese sentido, cabe señalar que los profesionales, auxiliares y administrativos que trabajan en los OCA, que ejecutan proyectos y programas del SENAME, no ejercen un voluntariado, ni tampoco responden a intereses particulares, sino que actúan en función de las políticas públicas que el Estado chileno se encuentra obligado a cumplir en razón de los convenios internacionales que ha ratificado en materia de la niñez.

Hace más de 12 años, desde la promulgación de la ley N° 20.032 en el año 2005, los trabajadores y trabajadoras de los OCA se encuentran precarizados e invisibilizados por parte del Estado, pese a que éstos son quienes ejecutan el 96,18% de la política pública de atención a la niñez que dispone SENAME, mientras sólo un 3,82% queda bajo la administración directa del servicio.

Con esto, queda de manifiesto que los trabajadores y trabajadores dependientes de los OCA somos el principal actor en la intervención de niños y niñas que son vulnerados en sus derechos, considerándonos el motor de la restitución de derechos de la niñez, que bajo tratados internacionales ratificados por Chile, se vuelven una obligación para el Estado.

Por su parte, SENAME queda relegado al trabajo administrativo, a la supervisión de recursos y de los procesos de intervención ejecutados por los equipos. En esa línea, las acciones realizadas por un trabajador o trabajadora dependiente de un OCA no se asumen como propias, sino que responden a un mandato legal que busca velar por el interés superior de los niños y niñas. Por ello, no resulta lógico determinar a los OCA como colaboradores de los fines públicos, pues son sus trabajadores y trabajadores quienes prestan el servicio de intervención, siguiendo las directrices que el propio SENAME establece.

El dictamen Nº 8433 no reconoce esta realidad y por ello exigimos su revisión y reconsideración, que venga en beneficio de los miles de trabajadores y trabajadoras, donde el Estado asuma su responsabilidad como empleador principal, donde respete y garantice derechos para todos y todas.
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