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Los subcontratados/as de SENAME sostenemos el servicio estatal



Desafortunadas palabras expresó el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, luego de la interrupción que realizaron dos organizaciones sindicales asociadas al trabajo con la niñez y juventud, en el contexto de la cuenta pública del Servicio Nacional de Menores, presidida por su directora, Susana Tonda.

El ministro, tras la manifestación, recalcó que “es importante que se sepa que ellos no son trabajadores del Sename, son trabajadores que participan en organismos colaboradores”.

Es muy probable que el ministro expresara dichos comentarios, acogiéndose al artículo 65 del reglamento de la Ley N°20.032, que establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores, el cual señala:

“El personal que los colaboradores acreditados contraten para la ejecución de los proyectos no tendrá relación laboral alguna con el SENAME, sino que exclusivamente con dichos colaboradores, siendo responsabilidad de éstos el estricto cumplimiento de las normas laborales y previsionales”, añadiendo que este servicio “no podrá intervenir en materias de orden laboral ni relativas a la relación contractual”.

Efectivamente, los trabajadores y trabajadoras de la red privada tienen una relación contractual con los más de 400 organismos colaboradores acreditados del SENAME, entidades que, para la legislación nacional, son empresas y funcionan como tal.

Lo que el ministro omite es que el servicio estatal sólo ejecuta de forma directa el 3,8% de la oferta programática del SENAME, el 96,2% restante es ejecutado de forma tercerizada por más de 11 mil trabajadores/as en cerca de 1700 programas en áreas de adopción, justicia juvenil y protección.

Con ello, cabe señalar que, en primer lugar, el Estado no se hace responsable de forma directa de la niñez y juventud del país, sólo financia y confecciona lineamientos de intervención que, no está demás decirlo, son carentes para la realidad y necesidades que expresan los niños, niñas, adolescentes y comunidades. En segundo lugar, subcontrata de forma encubierta, violando el artículo 65 del reglamento y constituyéndose como un empleador principal en su forma de relacionarse con los trabajadores/as, vínculo que el ministro dice desconocer y que los trabajadores/as organizados/as sindicalmente han decidido develar, denunciar y transformar. Ejemplo de ello, es la sentencia del Tribunal laboral de Valparaíso T-122-2016, la cual señala que SENAME se configura como empresa principal.

Sólo por mencionar un ejemplo, SENAME obliga a los trabajadores/as dependientes de los organismos colaboradores, según instrucciones y condiciones de uso que imparte el propio servicio, a entregar toda información requerida por el sistema de registro de niños, niñas y adolescentes, a través de la plataforma SENAINFO. Esos antecedentes, subidos diariamente por los trabajadores/as de la red privada, son de propiedad exclusiva del SENAME y sin ellos el Estado no estaría al tanto de lo que ocurre con la niñez vulnerada.

¡Así tal cual! El Servicio Nacional de Menores actúa como un empleador más y el ministro Larraín tiene cara para desentenderse. Sin los trabajadores/as de la red privada, los subcontratados/as, los que recibimos directrices, instrucciones y evaluaciones del mismo SENAME, no habría ni existiría funcionamiento alguno del servicio.

En esa línea, la conciencia que se está desarrollando en los trabajadores/as de la red privada del SENAME respecto de la subcontratación que viven, sumada a la invisibilidad de su importante rol y a la vulneración sistemática de sus derechos laborales, ha incrementado el descontento y la crítica a un servicio en permanente crisis.

Debe ser cuidadoso el ministro, es importante que sepa que hay un segmento de trabajadores/as organizándose, acumulando fuerza para hacerle ver que sostenemos el Servicio Nacional de Menores. Le guste o no al Sr. Ministro, vamos por trabajo digno y niñez plena.



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Trabajadores/as de la red SENAME interrumpen cuenta pública del servicio estatal



Con el objetivo de emplazar a la directora del Servicio Nacional de Menores, Susana Tonda, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Honorarios OPD de la Región Metropolitana junto al Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados/as de SENAME (Sintrasub-SENAME), irrumpieron en la cuenta pública del organismo. Esto, luego de que la principal representante de la institución no accediera a reunirse con los trabajadores/as, quienes interpelan a dicho servicio estatal como empresa principal, por ende responsable de las malas condiciones laborales de quienes ejercen de forma tercerizada en los más de 400 organismos colaboradores acreditados.

Luis Santibañez, presidente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Honorarios OPD RM, exigió al Ministerio de Justicia, mediante SENAME, hacerse responsable de la situación contractual de sus colaboradores.
“SENAME establece nuestras condiciones laborales y la política de ejecución de los proyectos, pero no se hace cargo, por lo tanto, exigimos que se contrate a los trabajadores y se haga una redistribución presupuestaria que vaya en directo beneficio, primero, de los niños, niñas y adolescentes y, segundo, de sus funcionarios, ya que muchos nos encontramos contratados a honorarios o subcontratados”, indicó Santibañez.
Por su parte, el presidente de Sintrasub-SENAME, Francisco Gorziglia, hizo énfasis en la importancia de contar con condiciones laborales dignas y así garantizar una intervención efectiva en los niños, niñas y adolescentes que se atienden junto a sus familias en los diversos programas.
“Somos más de 11 mil trabajadores y trabajadoras a nivel nacional que no estamos reconocidos por el SENAME. No más del 4% de los programas son administrados directamente por el servicio, el resto son ejecutados por organizaciones privadas que lucran con la infancia de una u otra manera”, enfatizó Gorziglia.

Tras la manifestación, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseguró que “ellos no son trabajadores de SENAME”, dejando en evidencia que la demanda de los trabajadores/as es una problemática real, confirmando la visión que las autoridades tienen frente a sus condiciones laborales y evidenciando la falta de voluntad para resolver la precarización de su empleo.



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Ministerio de Justicia y SENAME rechazan transparentar informes sobre subcontrato solicitados por SINTRASUB-SENAME



Luego de que el Sindicato Interempresa de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados/as de SENAME (SINTRASUB-SENAME) exigiera a la Contraloría General de la República reconsiderar el dictamen Nº 8433 del año 2008, en el cual se señala que “no se aplican al Servicio Nacional de Menores las normas sobre subcontratación en lo que respecta a los convenios celebrados con sus colaboradores acreditados y al personal que para ellos trabaje”, el organismo contralor solicitó tanto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como al Servicio Nacional de Menores (SENAME) pronunciarse respecto de ello.

Sin embargo, luego de un par de meses, Juan Ossa Santa Cruz, subsecretario de Justicia, y Susana Tonda Mitri, directora del SENAME, rechazaron referirse al tema, pese a que la información fue solicitada vía Ley de Transparencia con toda la documentación existente por parte del sindicato.

SINTRASUB-SENAME manifiesta su absoluto rechazo a la nula respuesta por parte de las autoridades y al ocultamiento de información, considerando legítimo exigir que el Estado transparente cuál es su postura en torno a la relación contractual encubierta por años por parte del SENAME.

Con hechos como estos, nuevamente los trabajadores y trabajadoras son invisibilizados, desconociendo el esfuerzo cotidiano que realizan para continuar con el trabajo, a pesar de la precariedad, la escasez de recursos y la falta de una política para la niñez.

Desde SINTRASUB-SENAME se continuará insistiendo en que las instituciones evidencien sus posturas y visiones sobre las relaciones laborales que involucran a los trabajadores y trabajadores de los organismos colaboradores acreditas (OCAS). Con la misma fuerza, se exigirá a la Contraloría que resuelva en el más breve plazo la interpelación realizada por este sindicato, pues es de nuestro máximo interés regularizar las condiciones laborales, con estabilidad y condiciones favorables en favor de quienes trabajan directamente con los niños, niñas y adolescentes del servicio.



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Contraloría exige al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pronunciarse respecto al subcontrato en SENAME



Diez días hábiles tendrá el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para pronunciarse jurídicamente respecto a la presentación formulada por el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados del Servicio Nacional de Menores -SINTRASUB-SENAME-, luego de que este último solicitara al Contralor General de la República una reconsideración del dictamen  8433 (2008), el cual señala que no se aplican al Servicio Nacional de Menores las normas sobre subcontratación en lo que respecta a los convenios celebrados con sus colaboradores acreditados y al personal que para ellos trabaje.
Dicho dictamen, es precisamente el que SINTRASUB-SENAME viene a cuestionar, basándose en la realidad que viven los miles de trabajadores y trabajadoras a lo largo del país, tercerizados por el Servicio estatal, quienes reconocen en la práctica relaciones laborales encubiertas desde Sename.
Recordar que, bajo régimen de subcontratación, existiría lo que se conoce como empresa principal (en este caso Sename)  quien tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, salud  y otras obligaciones de todos los trabajadores que laboran en su obra, empresa o faena, cualquiera sea su dependencia. De esta forma, es de responsabilidad de la empresa principal las materias sobre higiene y seguridad en el trabajo respecto de los trabajadores del contratista y subcontratista cuando éstos prestan servicios en su obra, empresa o faena. De ahí la importancia del reconocimiento que SINTRASUB-SENAME exige.



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SINTRASUB-SENAME exige al Estado reconocer los derechos laborales de sus afiliados y afiliadas.



Más de una década ha existido subcontratación encubierta, SENAME ha hecho oído sordo a nuestras demandas laborales, ha hecho vista gorda a la vulneración de derecho sistemática vivida dentro del perverso sistema de licitaciones. SINTRASUB-SENAME ha dicho basta, vamos por el reconocimiento, el respeto y la dignidad.

 

El 21 de noviembre recién pasado, el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores y Trabajadoras subcontratistas del Servicio Nacional de Menores, (SINTRASUB-SENAME) llegó hasta la Contraloría General de la República para solicitar la reconsideración del dictamen Nº 8433.

Esta resolución surge en el año 2008, luego de la entrada en vigencia de la ley N° 20.123 que incorpora en el Código del Trabajo normas sobre subcontratación. Nace así el interés del Servicio Nacional de Menores (SENAME) de conocer los efectos que tendría dicha ley en relación a los convenios que celebra la institución con los organismos colaboradores acreditados (OCA) y del personal que trabaja para estos últimos, amparado en la ley N° 20.032.

Al respecto, la Contraloría concluyó, en el dictamen referido, que no resultan aplicables las normas introducidas por la ley N° 20.123 al SENAME, aludiendo que los OCA son colaboradores de los fines públicos que persigue el servicio estatal y no contratistas que presten un servicio o ejecuten una obra para una empresa.

Sin embargo, SINTRASUB-SENAME no comparte los alcances de la determinación y los cuestiona de manera tajante, pues desconoce absolutamente el ejercicio de las facultades que, como empresa principal, realiza SENAME, al momento de establecer lineamientos, directrices u órdenes a las que están sujetos miles de trabajadores y trabajadoras dependientes de los OCA a lo largo del país. En ese sentido, cabe señalar que los profesionales, auxiliares y administrativos que trabajan en los OCA, que ejecutan proyectos y programas del SENAME, no ejercen un voluntariado, ni tampoco responden a intereses particulares, sino que actúan en función de las políticas públicas que el Estado chileno se encuentra obligado a cumplir en razón de los convenios internacionales que ha ratificado en materia de la niñez.

Hace más de 12 años, desde la promulgación de la ley N° 20.032 en el año 2005, los trabajadores y trabajadoras de los OCA se encuentran precarizados e invisibilizados por parte del Estado, pese a que éstos son quienes ejecutan el 96,18% de la política pública de atención a la niñez que dispone SENAME, mientras sólo un 3,82% queda bajo la administración directa del servicio.

Con esto, queda de manifiesto que los trabajadores y trabajadores dependientes de los OCA somos el principal actor en la intervención de niños y niñas que son vulnerados en sus derechos, considerándonos el motor de la restitución de derechos de la niñez, que bajo tratados internacionales ratificados por Chile, se vuelven una obligación para el Estado.

Por su parte, SENAME queda relegado al trabajo administrativo, a la supervisión de recursos y de los procesos de intervención ejecutados por los equipos. En esa línea, las acciones realizadas por un trabajador o trabajadora dependiente de un OCA no se asumen como propias, sino que responden a un mandato legal que busca velar por el interés superior de los niños y niñas. Por ello, no resulta lógico determinar a los OCA como colaboradores de los fines públicos, pues son sus trabajadores y trabajadores quienes prestan el servicio de intervención, siguiendo las directrices que el propio SENAME establece.

El dictamen Nº 8433 no reconoce esta realidad y por ello exigimos su revisión y reconsideración, que venga en beneficio de los miles de trabajadores y trabajadoras, donde el Estado asuma su responsabilidad como empleador principal, donde respete y garantice derechos para todos y todas.
Descargar Resonsideración



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